Piden medidas cautelares contra Ordenanza propuesta por Prefectura del Azuay

 

El cuerpo legal aprobado por el Gobierno Provincial fija nuevos tributos en la provincia del Azuay.

Representantes de las 8 cámaras de la producción, de gremios de profesionales como el Colegio e Abogados del Azuay, organizaciones sociales como el colectivo Resistencia y Democracia, el Frente Unitario de Trabajadores (FUT), entre otros, acompañaron ayer a su representante legal, el constitucionalista Tarquino Orellana, a la presentación de la solicitud de medidas cautelares, para que se detenga el efecto de la ordenanza que fija nuevos tributos en la provincia del Azuay.

El pedido se presentó ayer a las 10:00 en la Corte de Justicia del Azuay y se espera que en las próximas horas se emita el pronunciamiento de juez competente, en tanto se ultiman los detalles de la demanda de inconstitucionalidad de la “Ordenanza que establece la Política Pública y el Modelo de Régimen de Soberanía Alimentaria; y, el desarrollo productivo local en la provincia del Azuay, en función del Sistema Nacional de Competencias Establecidas en la Constitución de la República y la Ley”, la cual se presentará en enero, ante la Corte Constitucional.

Al movimiento de rechazo a la ordenanza, que se originó con la reacción de la organización Resistencoa y Democracia, presidida por Diego Andrade, se han unido las siete cámaras de la producción del Azuay, la Federación de Barrios de Cuenca, el Colegio de Abogados entre otras organizaciones y gremios.

Tania Suquinagua, directora ejecutiva de la Cámara de la Pequeña Industria, dijo, “nosotros no hemos adherido al igual que las demás cámaras en esta solicitud de las medidas cautelares porque nos vemos supremamente afectados por este nuevo impuesto ya que no es una tasa sino un impuesto, no es justo porque ya pagamos varios impuestos que van al arca fiscal y desde ahí se redistribuye para el Ministerio de Salud, Ministerio de Inclusión, Ministerio de Educación, para el Arcsa, y a través de ellos para lo que es salud, seguridad alimentaria y más”.

Además, este impuesto no se considera desde la utilidad, sino del nivel de ventas, y quienes tienen empresas saben que las ventas no son la ganancia, agregó.

Somos 100 afiliados, cada uno con desde 5 hasta 100 trabajadores, y hemos visto que hay algunas empresas socias que les toca tributar hasta 2.000 dólares anuales y no estamos de acuerdo que se meta la mano en el bolsillo de los empresarios que ya pagamos impuestos, concluyó Suquinagua.

Lo propio sostiene Jaime Moreno, director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Cuenca. El sector productivo se suma al pedido de medidas cautelares en virtud de que la Prefectura no tiene las competencias, además, el procurar implementar una ordenanza para aplicar una política pública y un modelo de régimen de seguridad y soberanía alimentaria, y el desarrollo productivo de la provincia del Azuay, sacándole plata a cada azuayo, el tema es loable y se puede hacer pero no de esta manera, lo que hay que hacer es fomentar el desarrollo productivo y así generar más empleo, expresó.

Si revisamos las estadísticas en Cuenca estamos tendiendo al alza del empleo no adecuado, es decir estamos menos bien que lo que estuvimos ayer, y urge entonces en lugar de más impuestos, incentivar la producción y el desarrollo económico, que incluye a las tiendas y a todos los negocios, precisó.(AZD)-(I)

FUNDAMENTOS

Tarquino Orellana explicó que, la petición de una medida cautelar tiene el fundamento principal de una urgencia y la obligación del juez constitucional de responder inmediatamente, positiva o negativamente, “creo que hay argumentos suficientes, se trata de una normativa que surge de un órgano incompetente, con regulaciones ajenas a su gestión y responsabilidad, y que entonces debería tener de parte de la justicia, la suspensión de los efectos, ésto mientras se demanda la constitucionalidad”.

FUENTE; DIARIO EL MERCURIO

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