El ministro de Educación, Fander Falconí, quien despacha cada 15 días desde Cuenca, sostiene que el Ministerio tiene normado todo lo que implica el alza de costos de las instituciones privadas, para lo cual hay un mecanismo de vigilancia que está activado.
Falconí asegura que, a nivel nacional, se han receptado alrededor de 100 denuncias sobre cobros indebidos de aranceles, que están siendo investigadas.
Malestar
En varios padres de familia existe malestar por el alto costo de la educación. Ricardo Maldonado, quien tiene tres hijos, dos de ellos en colegios privados y uno en una escuela pública, sostiene que la inversión en los tres sobrepasó los 1.000 dólares en el inicio del año lectivo.
Hace cálculos y prevé que las pensiones de sus dos hijas le costará 225 dólares al mes, el valor del transporte escolar 70 dólares más, esto sin contar aportes para actividades religiosas y de integración, así como los refrigerios. “Se gasta más de un sueldo básico”, asegura.
En contraparte, en su hijo menor, quien estudia en una tradicional escuela pública de la ciudad, invertirá unos 50 dólares al mes, que es lo que representa el transporte, el cual es opcional, y dinero para el “fiambre”.
María José Andrade, quien también tiene a sus hijas en un colegio privado, sostiene que este año les pidieron libros nuevos, tuvo que comprar uniformes y esto sumado a los útiles que le costaron unos 300 dólares. También compró zapatos y pagó la buseta por adelantado. Sus gastos, sin contar matrícula y pensión, superaron el sueldo básico.
De acuerdo a la normativa vigente, el costo en útiles, uniformes y textos no puede sobrepasar un salario básico unificado, esto es 375 dólares.
El ministro Falconí pidió que, en caso de que esto suceda, se proceda a denunciar el hecho ante la Coordinación de Educación, donde se generará un expediente y, si hay un irrespeto a la norma, se emitirán las respectivas sanciones.
FUENTE: DIARIO EL TIEMPO
